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LOS JUECES Y LA POLÍTICA

 Desde el año 1985,con el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial "gracias" a la mayoría absoluta del PSOE en el legislativo, muchos observadores se han quejado de la progresiva politización de la judicatura. Pero hay que observar que hubo una politización previa, que todo el mundo paso por alta, cuando años antes, en plena efervescencia democrática, los jueces fueron autorizados a formar asociaciones (supuestamente profesionales). El resultado fue la creación de tres asociaciones que lograron enganchar entre ellos un 50% de los casi 4000 jueces. Los resultantes fueron, y son, la APM (conservador), la Asociación Francisco de Vitoria (moderada) y Jueces para la Democracia ("progresista") con respectivamente un 60%, algo más que un 20%, y casi un 20%, de los más o menos 2000 jueces asociados. En Jueces para la Democracia, una asociación muy minoritaria que representa escasamente un 10% de la totalidad de los jueces, el PSOE tuvo el instrumento perfecto para ocupar  si no todos los puestos importantes de la judicatura, sí la mayoría, con un desprecio total de conceptos tales como: antigüedad, experiencia y mérito. De esta forma el PSOE logró "matar" a Montesquieu y eliminar de un plumazo la división de los tres poderes del estado (un concepto tonto según ellos) y juntarles sumisamente bajo el control del Gran Hermano. Esperaban hasta el año '85, porque haberlo hecho  en 1984,se les hubiera visto demasiado el "plumero". La "argentinización"- en el sentido de corrupto y servil con el poder - a que rápidamente llegó el sistema judicial español fue simbolizada por la sorprendente y rápida ascensión a los altares del Tribunal Supremo, de un tal Bagacilupe, argentino él, con, si no una bien merecida, si una bien propagada  reputación de gran jurista, capaz de manipular en muchas de sus sentencias no solamente el derecho y la jurisprudencia sino hasta el más mínimo sentido común.

 Ya hemos visto que la cosa se remonta a la admisión del derecho de asociación de los jueces, un concepto que, en mi opinión, es totalmente nefasto para un estado de derecho. Los jueces como tales - por mucho que en su vida privada tienen los mismos derechos como los demás - deberían de estar por encima de los partidos y de las ideologías y cumplir únicamente con su cometido de aplicar rigurosamente la ley. Me parece desdeñable ver a jueces en manifestaciones en pro o en contra de cualquier cosa ( exceptuando las que están convocadas a favor de la democracia y en contra del terrorismo).Personalmente estoy a favor del aborto, pero me parece un flaco servicio al derecho  que haya jueces conocidos como pro-abortistas y otros como anti-abortistas (gracias a sus manifestaciones públicas) y el argumento se podía extender a muchas otras opiniones polémicas.  No debía de haber la más mínima sospecha sobre la neutralidad de los jueces, y de que sus sentencias no están influidas ni por sus creencias religiosas ni por sus convicciones ideológicas y políticas. Desgraciadamente no es así; las sentencias dispares sobre cualquier tema demuestran una preocupante falta de unidad de criterios y poco respeto para la jurisprudencia, para no hablar ya de las que tienen un inconfundible tufo religioso, político y/o partidista. Un ejemplo de este era el juicio a Gómez de Liaño por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, presidido por Bagacilupe, en el cual este último, dando la vuelta a la jurisprudencia establecido por el propio Tribunal Supremo, logró imponer al "acusado" una condena por prevaricación, no solamente impropio e improcedente sino jurídicamente imposible (vea: juicio). Esta condena fue tan en contra del derecho, que solamente se pueda llegar a la conclusión que fueron  justamente el tal Bagacilupe, y Ancos, su cómplice, que dictándola cometieron el delito de prevaricación.

Cuando el año pasado el Gobierno quiso reformar el sistema electoral del Consejo del Poder Judicial, se encontró con la cerrada oposición del PSOE, y el sistema que finalmente fue acordado era un mero maquillaje del sistema anterior (vea: Reforma, y una sugerencia ponderado de como se debiera haber hecho: Propuesta). La posición del PSOE en esta cuestión fue un auténtico suicidio, un sorprendente error de cálculo, por no darse cuenta que un sistema que les había servido muy bien mientras que tuvieron la mayoría suficiente para imponerse (la última vez en 1996- poco antes de las elecciones generales - con la ayuda de CiU), no les convenía siendo minoritarios y en la oposición. Ocurrió lo que tenía que ocurrir; el PP se aprovecho de su mayoría para imponer sus candidatos al Tribunal Supremo, incluyendo la primera mujer, Milagros Calvo. El PSOE montó en cólera por no haber logrado un puesto, de lo penal, para su candidata, Margarita Robles. Se enfadaron hasta tal punto que llegaron a llamar a Calvo, una de la primeras mujeres que llegó a la judicatura y muy bien considerada, "florero". La elección de Margarita Robles que, primero como subsecretaria con Belloch y después como parlamentaria, no había pisado un juzgado en 8 años, les hubiera parecido  "espléndida, democrática y muy, pero muy, progresista". Creo que ha quedado bastante claro que estoy totalmente en contra del sistema de cuotas políticas vigentes, pero en este caso la actitud del PP me parece de una "justicia poética". Ya es tiempo que se trate de equilibrar e invertir la nefasta mayoría "progresista" tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional que con tanto favor político y partidista ha prostituída la justicia en España durante los últimos 20 años. El "favoritismo" del PP en los nombramientos se debería  extender también a los miembros de la Asociación Francisco de Vitoria - muy subrepresentados (vea:Representación) - hasta alcanzar un equilibrio prudente (los progresistas solamente representan el 10% de la judicatura)-y, una vez logrado, los nombramientos debieran de ser por mérito y, en igualdad de condiciones, por antigüedad. Groso modo, se puede decir que la etiqueta de "conservador" aplicado a los miembros de la APM corresponde no tanto a una actitud política sino a un intento de "conservar" el estado de derecho, y que la etiqueta de "progresista" aplicado a Jueces para la Democracia (un nombre tan falso e hipócrita como llamar Ministerio de la Paz al Ministerio de la Guerra, 1984!) corresponde más bien al intento de sus miembros de "progresar", a título personal y colectivo, como sea, y al diablo con los principios éticos, la deontología judicial, el derecho y la justicia.

Hay que hacer una última observación referente a la práctica de algunos jueces de alternar entre la judicatura y la política, y, además, con la pretensión de ser promovida a las estancias superiores a su vuelta. Esta práctica es potencialmente tan viciada que debiera ser tajantemente prohibida. Si un juez siente la "sagrada" llamada de la política, tiene pleno derecho a dejarse seducir por tan emborrachadora sirena, pero aceptando la obligación de dejar la judicatura para siempre. No es de recibo - y este se puede extender a todo los funcionarios - que los jueces jueguen a la política con la ventaja de saber que si su aventura política no tuviera éxito, siempre tendrán la puerta de los juzgados abierta, dándoles la bienvenida. Que se mojen igual que cualquier persona normal a quien nadie le reserva su puesto - muchas veces después de una larga ausencia - en la empresa privada. Los jueces al final tienen -en el peor de los casos - la ventaje de poder dedicarse a la abogacía. Nada de ventajas ni favores discriminatorias.

©1/2002

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