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IMPUESTOS Y DEMOCRACIA

Los tributos originales de las tribus primitivas fueron probablemente ofrendas voluntarias para mantener el culto a la Diosa y sostener a la corte de la Suprema Sacerdotisa. Los impuestos en sentido moderno fueron originalmente tributos impuestos más o menos a la fuerza, se remontan a las primeras civilizaciones y fueron exigidos por los reyes para el mantenimiento de la primitiva administración del estado, el ejército y para financiar las primeras obras públicas. No hay duda de que durante aquellos tiempos los contribuyentes tenían la obligación de contribuir  sin tener ni voz ni voto en el asunto. La primera vez que tuvieron la oportunidad de aprobar no solamente la imposición tributaria sino también la forma en que el dinero fuera gastado, fue en las ciudades griegas democráticos de la antigüedad cuando los ciudadanos tenían todos el derecho al voto. una experiencia que fue parcialmente repetida en la república romana - con el derecho al voto en gran parte restringido a los patricios-, y desapareció con el periodo imperial.
Durante el medievo alto la Iglesia impuso la mal llamada sociedad cristiana, en esencia totalitaria, con el sometimiento del pueblo a una autoridad en la cual Díos y César se fundieron. Con el renacimiento la vieja idea del voto popular empezaba a resurgir  en la ciudades- estados de Italia, y si el voto individual estaba todavía muy restringido, los gremios con sus cargos electivos, tuvieron una especie de voto colectivo con un cierto grado de influencia sobre la gobernanza por parte de la oligarquía en el poder. 

Fue primero en los Países Bajos y después en Inglaterra, donde surgieron las primeras democracias modernas. La rebelión de los protestantes holandeses contra Felipe II, que empezó como reacción a la persecución de los "herejes" por parte de la Inquisición, se intensificó cuando el Duque de Alba, para financiar la supresión de la misma, impuso unos tributos casi confiscatorios. Esta imposición provocó por un lado la emigración de muchos mercaderes y maestros tejedores a Inglaterra, y por otro la incorporación de muchos católicos a la rebelión. La República de los Siete Provincias (Holanda) se formó por lo tanto por una mezcla de exigencias: la libertad de religión y la oposición a la imposición tributaria. Tanto en Holanda, como después en Inglaterra, la lucha contra el poder absolutista del rey y la exacción creó las dos primeras democracias modernas basadas en su origen principalmente bajo el criterio de que los que pagaban los impuestos - la nueva clase media de mercaderes, gremiales, profesionales y agricultores; la aristocracia estaba exenta-, debieran tener el derecho a autorizarlas y a fiscalizar el gasto. Desde entonces, la aprobación del presupuesto del Estado y el control del gasto público siguen siendo las dos funciones más importantes de los parlamentos contemporáneos, por encima de todas las demás. 

Hasta el último tercio del siglo XIX a todos les parecía normal que el derecho al sufragio estaba restringido, grosso modo, a los contribuyentes. No obstante, las progresivas demandas por el aumento de derechos políticos llevaron a la implantación del sufragio universal y, poco a poco, a un cambio de poder. Las revoluciones rusas y fascistas fueron intentos fallidos, de más o menos duración, del  proletariado, liderado por la pequeña burguesía, a establecer su dictadura. A partir de la II Guerra Mundial estos intentos revolucionarios fueron reemplazados en Europa Occidental por otro de tipo evolutivo - eufemísticamente llamado sociedad del bienestar -, por parte de la social-democracia progresista. Durante unos 30 años ayudó a mejorar el nivel de vida de las masas pero al mismo tiempo provocó  un continuo aumento de los impuestos y un creciente incremento de las deudas públicas, lo que llevó a periodos de gobiernos conservadores para tratar de rectificar los excesos y hacer el sistema sostenible. No obstante, los servicios sociales legalizados anteriormente demostraban ser una carga cada vez más pesada para la economía de los países, con efectos funestos a largo plazo. 

Después de medio siglo hemos llegado no como pretenden Zapatero, Obama y otros, a una economía sostenible sino a un sistema de servicios sociales burocratizado, insostenible, y ruinoso. No hay duda de que con una carga de gasto fijo razonzble la crisis se hubiera podido resolver ya. Miramos las cifras. En los países industrializados occidentales entre el 35% y 50% de la población aporta nada, o muy poco, a los impuestos directos. En Estados Unidos - país que tiene estadísticas fiables de cualquier índole -, el 5% de la población paga el 40% de los impuestos federales, el siguiente 5% de la población otro 20%, un 40% paga el 40% y casi el 50% no paga absolutamente nada. Es verdad que todos paguen algo en el ámbito estatal y local, con el resultado de que, globalmente, el 50% aludido pague quizás un 5%. Viendo estas cifras no es sorprendente que los que paguen tan poco son justamente los que exigen más y más servicios sociales, conque hasta en nuestros países "capitalistas" se aplica una variante del famoso, más bien infame, eslogan comunista: "Al 50% de la población según sus necesidades y que paguen los demás". 

A esta minoría mayoritaria hay que añadir las Administraciones Públicas, unos monstruos de las galletas insaciables, que no son solo excesivamente grandes en casi todos los países occidentales, sino además tienden a crecer según la Ley de Parkinson - en plena crisis económica los funcionarios en España han aumentado en 150.000 en los últimos dos años -, de forma constante. Los funcionarios por oposiciones tienen un auténtico chollo ya que ganan entre un 30 y 50% más que empleos similares en el sector privado, trabajan menos que éstos, no pueden ser despedidos y han tenido a principios del año aumentos de sueldo, no obstante que el IPC del año pasado ha sido casi negativo. Pero ya sabemos que los que cobran del erario público, o sea de todos los que verdaderamente pagan impuestos - no todos son Hacienda -, no son en realidad nuestros servidores sino más bien nuestros amos y si nos oponemos a sus exigencias se van de rositas, o sea a la huelga, y nos fastidian la vida. Mira el ejemplo de Grecia donde esto está ocurriendo porque el gobierno piensa bajarles a los funcionarios, no tanto su sueldo sino una parte de sus extras y pluses; y esto en un país a punto de la quiebra financiera y con un gobierno socialista.  Todo esto es posible por la influencia de sindicatos ultra-izquierdistas, tanto en Grecia como en España y otros países, más interesados en mantener los ingresos de sus afiliados que en el bien del país, sin darse cuenta que si se hundiese el país ellos también se hundirían. Pensando mal, quizás se den cuenta perfectamente y todo forma parte de un intento de sumir sus países en el caos con el propósito de provocar su tan ansiada revolución igualitaria, su pretendida redistribución de la riqueza, que más que mejorar el nivel de vida de los más pobres terminará por extender la pobreza a todos.  

Considerando lo expuesto no es sorprendente que ya hay voces que piden más poder de decisión para los verdaderos contribuyentes, una petición a todas luces imposible. No obstante, un fuerte vuelco electoral sí es perfectamente posible ya que tenemos la suerte que la parte principal de la abstención corresponde a los "no o poco"  contribuyentes. De todas formas estamos por el momento en España en una verdadera encrucijada ya que habrá que escoger entre un fuerte recorte del gasto, incluido el de los servicios sociales y de las administraciones públicas, o en un fuerte aumento de los impuestos. La primera opción es casi imposible con un gobierno socialista, mientras que la segunda sacrificaría la parte más preparada, trabajadora y emprendedora de la sociedad con desastrosos resultados para la economía. Hay que hacer hincapié en que el déficit del 11,4% del PIB del año pasado implica casi un 25% del presupuesto nacional con lo que para eliminar el déficit a base de impuestos significaría tener que aumentar la recaudación en un tercio, subiendo la tasa impositivo marginal a casi el 60%.        

Grecia es el ejemplo de lo que puede pasar en España. La clasificación de la deuda pública griega ha sido bajada a BBB-, o sea "basura", con gravosas consecuencias tanto para el país como para su sistema bancario. Por una parte la tasa de interés de las nuevas emisiones de bonos estatales griegos va a subir rápidamente al 15% con lo que a partir del año que viene el servicio de la deuda (120% del PIB) puede llegar a ser el 30-35% del presupuesto nacional, implicando la desaparición de casi todo los servicios sociales y fuertes recortes en el sistema sanitario y la educación. Por otro lado, el BCE no aceptará los bonos estatales como colateral para sus préstamos a la banca griega, lo que tendrá forzosamente como resultado la nacionalización de la misma. Portugal va en la misma dirección con quizás 6 meses de retraso. Pero lo que está creando una auténtica alarma en el mundo financiero es la bajada de la deuda española, primero de AAA a AA+, y ahora a AA, en pocas semanas. Esto puede parecer sorprendente ya que la deuda pública española está entre las más bajas del continente y se explica, por un lado, por el volumen de la deuda privada y bancaria - se calcula que la deuda española total es del orden del 300% del PIB - y por el otro la tendencia a déficit públicos, altos a muy altos, en los años venideros. Existe la impresión generalizada de que el gobierno es totalmente incapaz de rectificar su política económica, y mientras que el rescate de Grecia y posiblemente de Portugal sería posible por el tamaño relativamente pequeño de sus economías, un grave problema español llevaría consigo importantes consecuencias para la salud y la cotización del euro.              

ã 4/2010

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