LA CORRUPCIÓN Y EL ENVILECIMIENTO DE LA JUSTICIA

La corrupción en España se ha convertido en los últimos cuatro siglos no en un hecho aislado y llamativo sino en toda una tradición consecutiva y casi consuetudinario. Entre todas las formas existentes la corrupción política llama la atención más que ninguna como si los políticos fuesen diferentes a los demás mortales y no tuvieran, como todas las profesiones, su lógico porcentaje de tahúres, estafadores, timadores, picaros y  pájaros de igual calaña. Considerando que la inmensa mayoría de los cargos políticos del país son metidos en las listas electorales a dedo por las cúpulas de sus partidos, sin necesitar más méritos y recomendaciones que una ciega y servil obediencia a sus lideres, es sorprendente que la corrupción política, por lo menos en apariencia, no sea muy superior a la existente en otros ámbitos. Al fin y al cabo, los cargas políticos tanto del PSOE como del PP son del orden de 80.000 y los imputaciones por corrupción que no son archivadas llegan apenas a un par de centenares. Claro, estamos hablando de corrupciones en el ámbito personal. Si empezamos a hablar de corrupción institucional la cosa puede cambiar mucho. ¿Cuánta corrupción ha existido en las autonomías donde un partido ha ejercido el poder durante dos décadas o más? ¿Cuánta financiación ilegal habrá habido para financiar las campañas electorales del partido dominante? Es una pregunta obligada ya que bajo Glez. tuvimos no solamente el escándalo del Gal sino una gigantesca corrupción institucional a favor del PSOE a través de unas empresas instrumentales como Filesa y Timex. Lógicamente los implicados aprovecharon la oportunidad para usar sus manas largas en beneficio propio. Todo esto estaba dirigido desde altas instancias del partido y hasta del Gobierno, pero los máximos culpables no fueron nunca imputados ni tuvieron que prestar declaración para no "estigmatizar"les. Todo se quedó en un segundo nivel, y fueron los secuaces y segundones que se tuvieron que comer el marrón. De igual forma el caso Malayo - relacionada con la corrupción inmobiliaria y todavía en los tribunales -  empezó para financiar las ambiciones políticas de Jesús Gil y su partido "GIL" (Grupo Independiente Liberal") y terminó en un "juntar meriendas" entre ex-gilistas y socialistas. Nunca se investigaron los pagos hechos por Gil a la Junta de Andalucía para evitar que ésta deshiciera los ilegales reclasificaciones urbanos cometidas en Marbella bajo la alcaldía de aquel. 

Después de la victoria electoral de Aznar, el PSOE - haciendo uso de los  medios de comunicación, que habían cultivado y favorecido durante sus 13 años en el poder, y de jueces y fiscales afines - empezó una furibunda persecución de simpatizantes populares como venganza por los pleitos perdidos. Un ejemplo fue el caso del lino - un supuesto caso de corrupción por parte de labradores simpatizantes del PP y cultivadores y transformadores del lino, un cultivo subsidiado por la Comisión Europea - en Castilla la Mancha, instigado por Bono e instruido durante muchos años por Garzón. El hecho de que éste se ocupó del caso fue porque supuestamente la corrupción tuvo su origen en el Ministerio de Agricultura. Después de haber martirizado los imputados durante años - algunos se suicidaron después de entrar en quiebra por los altos costes jurídicas a que tenían que hacer frente - Garzón al final archivó el caso por falta de pruebas. La acusación por parte de la Junta de CM parecía un típico ejemplo de que el ataque es la mejor defensa, ya que como la única función del Ministerio fue recibir los fondos de Bruselas y remitirlos a la Junta que se ocupó de pagar a los cultivadores y transformadores, la única corrupción posible, si hubiera existido, no era entre el Ministerio y labradores simpatizantes populares sino muy al contrario entre la Junta y labradores afines. Otro famoso caso fue cuando una acusación por apropiación indebida contra Polanco fue convertida en una condena del juez que se había atrevido a instruir el caso (Jueces e indultos). Hubo otros casos que demostraban que hasta en la oposición el PSOE seguía controlando parte de los jueces, fiscales y policías. Este control tenía mucho que ver con la victoria electoral de Zapatero por "accidente" (Ansón dixit). No solo hubo mucha manipulación durante los días entre el 11M y 14M, sino también posteriormente en la investigación policial, la comisión parlamentaria (El 11M, la comisión y la mala conciencia socialista ) la instrucción por parte del juez del Olmo y el Gran Juicio mediático (Juicio- 11M). 

Como es lógico, con el PSOE en el poder todo ha empeorado mucho. No voy a perder el tiempo en relatar todas las barbaridades cometidas durante la primera legislatura, sino concentrarme en las manipulaciones del último año, en gran parte instrumentadas para desviar la atención de la incapacidad del Gobierno de formular un programa económico/financiero viable para resolver la crisis económica. No dudo de que haya corruptos entre los muchos cargas políticos del PP, esto ocurre en todos los partidos políticos, pero el PSOE ha movilizado durante los últimos años todo su aparato mediático - periódicos como "El País" y "Público" ( este último un extraño caso de un periódico ultra-izquierdista propiedad de dos de los hombres más ricos de España),  radios como la SER, y televisiones como TVE, Antena3,la Cuatro, la Sexta, TV5 (una cadena pro Zapatero, propiedad de Berlusconi. Ver para creer) y las autonómicas de Cataluña, Andalucía y Extremadura -, para publicar reales y supuestos casos de corrupción de miembros del PP y tratar de obviar los igual de numerosas casos que implican a cargos electos socialistas. Todos los populares acusados, imputados, o simplemente requeridos para prestar declaración fueron sacados de sus casas esposados como si de peligrosos terroristas se tratasen, siempre en presencia de multitud de cámaras de televisión que "casualmente " pasaban por allí. Al contrario, los pocos casos de corrupción socialista que han salido a la luz "mediática" nunca mostraban el uso de esposas por parte de la policía. Es curioso, y muy diferente al bulo que el PSOE está tratando de vendernos, que con un número muy similar de acusaciones de corrupción implicando a cada partido, el número de casos archivados es muy superior para el PP que para el PSOE. Además hay casos que nunca han sido investigados por la Fiscalía anticorrupción como el ibicenco, por mucho que había videos y cintas probatorios por medio. En el caso del tercer Vicepresidente del Gobierno y ex Presidenta de la Junta de Andalucía, las pruebas de su nepotismo y enchufismo son tan evidentes - la fiscalía lo ha negado contradiciendo sus propios criterios anteriores -, que en cualquier verdadero estado de derecho el personaje en cuestión ya hubiera sido forzado a dimitir. 

Recientemente Maria Antonia Munar. la presidenta de Unión Mallorquina y Presidenta del Parlament Balear, exigió a Antich, Presidente del Gobern Balear, que intercediese ante Zapatero para que éste ordenase a la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción de archivar las acusaciones contra sus más próximas colaboradores por 5 casos de corrupción, usando la amenaza de que en caso contrario ella rompería el multipartito que le mantiene en el poder. Lo hizo, tontamente, casi en abierto, forzando a Antich de negar la petición para no quedar en evidencia. Dos días después Munar fue imputada también en los casos señalados, lo que puede significar que el PP balear presentara una moción de censura lo que probablemente llevaría a elecciones anticipadas. Hay que admirar los reflejos y la anticipación de los socialistas ya que para camuflar el problema con Munar salió una imputación contra Jaume Matas, ex-presidente popular, por un supuesto caso de corrupción que no puede estar muy fundado ya que ha sido citado para declarar dentro de cinco meses. Seguro que el caso será desenterrado cada dos por tres como principal argumento electoral durante las más que probables elecciones. El problema con Munar recuerda bastante al que tuvo Aznar cuando hace 12 años no tenía más remedio que intervenir para impedir el procesamiento del Honorable Pujal por fraude, por haber vendido sus acciones en Banca Catalana teniendo información privilegiada de que el banco estaba a punto de quebrar. Pujol convirtió el caso en un supuesto ataque a su partido, y hasta a Cataluña, y salió de rositas. 

Todo esto nos lleva al caso Gürtel (Correa en alemán!). Un caso muy mediático que correspondía en el reparto dentro de la Audiencia Nacional al juez Garzón - parece que los casos más llamativos sienten una sorprendente y casi sospechosa afinidad hacia él y caen siempre de su lado - y que le fue retirado a favor de los juzgados ordinarios de Madrid y Valencia después de una larga instrucción, con mucho goteo de datos del sumario a ciertos medios de comunicación no obstante que el juez había declarado el secreto del mismo, alargándolo injustificadamente en el tiempo, resultando en la indefensión de los acusados. Ahora nos hemos enterado que durante todo el tiempo de la instrucción Garzón había ordenada la escucha ilegal de las conversaciones de los imputados con sus abogados, el delito más grave que puede cometer un juez ya que ataca uno de las bases principales del estado de derecho, el cual garantiza el secreto de las conversaciones entre un reo y su abogado y a éste exige guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional y no puede ser obligado a declarar sobre ellos. Parece que las fiscales del caso estaban enterados de este hecho desde el principio,¿y que hicieron estas representantes de la causa del bien público, denunciar a Garzón ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial como era su deber?, no, muy al contrario se aprovecharon de las escuchas y de la culpabilidad de Garzón para exigir que todas las observaciones que exoneraban a Camps, el presidente valenciano, de cualquier delito, fueron eliminados del sumario. Parece que las dos fiscales en cuestión más que defender la causa del bien público  tuvieron gran interés en defender la causa del bien zapaterista. De todas formas el resultado ha sido el opuesto de lo pretendido ya que Camps ha sido revindicado. Lo malo es que los corruptos como Correa y el Bigotes, probablemente saldrán en libertad porque la mayoría de las pruebas contra ellos serán probablemente considerados nulos. Que vamos a hacer, también los Albertos se han salido en libertad gracias a una decisión del Tribunal Constitucional contraria a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.  

Es típico y significativo que ni el CGPI ni la Fiscalía General suspendieron de forma inmediata, respectivamente a Garzón y las fiscales, con vistas a una investigación de los hechos y, en caso de que estos fuesen probados, la posterior inhabilitación de los tres y la separación definitiva de sus carreras. Han tenido que ser los Colegios de abogados que han presentado una denuncia y querella en defensa de la abogacía y el estado de derecho. Todo esto ha recibido muy poco publicidad de parte de los medios de comunicación afines al Gobierno, cuando es infinitamente más importante y grave que el caso Gürtel en sí, por ser un ataque directo a la línea de flotación del estado de derecho sin el cual la palabra democracia se convierte en poco más de un engañabobos. 

Igual de preocupante como muestra de corrupción política/jurídica es el caso del bar Faisán. El del infame chivatazo policial a la cúpula extorsionista de ETA, o sea los principales encargados de exigir y cobrar los "impuestos revolucionarios, de que la policía estaba al tanto de su reunión previsto en el bar e iba a arrestarles. La investigación fue encargada a un mando de la Policía Judicial que, no obstante no lograr encontrar ningún indicio, ninguna pista, fue condecorado por el Gobierno (¿por hacerse el tonto?), Ahora ha salido a la luz una prueba que imputa directamente al mando en cuestión como autor del hecho. ¡ El chivato investigando su propio chivatazo! Lo nunca visto. Si saliese en una novela negra nadie se lo creería. No es creíble que el hombre lo hizo por cuenta propia, por su propio iniciativa. Está claro que tiene que haber seguido órdenes superiores y tiene que haber exigido total inmunidad, por si acaso. ¿Habrá repercusiones? Seguro que no, pero debiera de haberlas porque el chivatazo no solamente es colaboración con banda terrorista sino también un doble delito de traición: por quebrantar la lealtad que un servidor público debe guardar, y por atentar contra la seguridad de la patria. 

Como ven estamos en pleno proceso del envilecimiento de la justicia y del estado de derecho, y nuestros gobernantes, el PSOE  y algunos jueces y fiscales parecen reafirmar la observación de Alfonso Guerra hace ya muchos años de que Montesquieu hubiera muerto. Estamos en un lento y agónico camino hacia un estado bananera, y podemos repetir con Ortega y Gasset:

NO ES ESO, NO ES ESO.

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