El PSOE Y PIQUÉ

El actual ataque frontal por parte del PSOE al ministro Piqué, e indirectamente al Presidente del Gobierno, tiene mucho de esconder las propias culpas con la estratagema de dar una patada en el culo al enemigo. Es verdad que cuando Ecros vendió en 1991 la petroquímica Ertoil (indirectamente) a la francesa Elf - en realidad la vendió al "holding" GMH, el cual a su vez la vendió a Elf (típica fórmula para cambiar el precio y generar comisiones)- Piqué era director de Estrategia de Ercros, y miembro de su Consejo de Administración y de su comisión ejecutiva. De ahí a pretender que tuvo que ver algo con la negociación de la venta de Ertoil y estaba al tanto de las supuestas maquinaciones de Javier de la Rosa, hay un trecho. Fue de la Rosa el que negoció la venta - no tanto como vicepresidente de Ecros sino como representante de la mayoría absoluta del capital de la misma - conjuntamente con Javier Vega de Seoane, presidente de Ecros. El Gobierno socialista de entonces (un Gobierno que años antes había dado su aprobación para el nombramiento de De la Rosa como máximo representante en España de KIO, obviando por completo no solamente los antecedentes familiares del sujeto en cuestión, sino su implicación en todo un rosario de escándalos financieros a finales de los años setenta y posteriores,(hasta tal punto que para describir a De la Rosa hay que invertir el famoso adagio, así: "de tal astilla, tal palo") fue informado el 10 de enero (1991) del cierre de la operación de venta y dio su visto bueno el día 22. Fue solamente en esta última fecha cuando el Consejo de Administración de Ecros fue informado de la operación (sic!). O sea, la transacción fue aprobada por el Gobierno socialista antes que por el Consejo de Administración de Ecros, en flagrante incumplimiento de la legislación societaria.

Seis meses después, Piqué firmó, el 18 de Julio de 1991, la Escritura Pública ante notario para protocolizar la venta, solamente, según Vega de Seoane, "por la simple razón de que el notario estaba en Barcelona y Piqué vivía ahí". No se han apreciado hasta ahora indicios de que Piqué estuviera al corriente de que, además del contenido legal del Protocolo de Venta, hubo, supuestamente, otros acuerdos extralegales y un pago de comisiones de casi 10.000 millones de pesetas. Todo este caso parece muy politizado. Es sorprendente que nada menos que 10 fiscales del Supremo piden la imputación de Piqué cuando ni el juzgado de Barcelona (que instruye el llamado caso Ecros; la suspensión de pagos de esta sociedad) ni la juez de la Audiencia Nacional (que instruye el caso Ertoil) han apreciado indicios contra Piqué. Parece que los fiscales se están extralimitando en sus funciones (además de actuar con una ligereza rayana en lo inmoral) - exigiendo, cuando solamente pueden proponer- porque solamente cuando por lo menos uno de aquellos jueces envíe una exposición razonada, imputando a Piqué, puede el Tribunal Supremo tomar posición. Ya sabemos que Bartoloméo Vargas es el fiscal del caso Ertoil en la Audiencia Nacional pero no se entiende muy bien por qué se empeña en llevar el asunto al Supremo hasta que la juez no haya terminada su instrucción y que todo su alegato se limita a "acusar" a Piqué de que como miembro del consejo de administración "hubo de conocer y consentir (sic) toda una serie de actuaciones (supuestamente) ilegales"? ¿Y por qué no acusa a todos los miembros del consejo, o al ex-ministro Claudio Aranzadi (de Industria y Energia el '91), mucho más informado que nadie?

Hay dos conclusiones que podemos sacar de este asunto:

1. El aforamiento en su forma actual, además de proteger a los políticos de acusaciones falsas, puede dejarles en una situación de indefensa absoluta contra rumores, insidias y cualquier espectáculo político que se quiera montar. El aforado no puede declarar, ni siquiera voluntariamente, hasta que le cite el Tribunal Supremo pidiendo un suplicatorio al Congreso, y dicho Tribunal no le citará hasta que el juzgado que está instruyendo el caso no encuentre indicios de culpabilidad contra el aforado que le obliguen a pasar la instrucción al Tribunal Supremo. Como vemos en el caso de Piqué, mientras que no se cumpla el último extremo, un fiscal con afán de notoriedad (o peor) y unos partidos políticos con afán de revancha pueden exponer a un ministro - y más mientras más inocente sea - a un auténtico calvario. No debe ser demasiado difícil cambiar la ley de aforamiento en el sentido de permitir a un aforado (y para los casos que no tienen que ver con su función política) a prestar declaración voluntariamente y sin impedimento. Hasta ahora todos los ex consejeros de Ecros han declarado sin que ninguno de ellos - ya que no participaron en la toma de decisiones- haya sido acusado o imputado de ninguna irregularidad. Pero el hecho de que Pique no haya podido declarar por su condición de aforado, es ahora manipulado e interpretado como un signo evidente de culpabilidad.

2.Hay algo inherentemente vicioso en el nombramiento de ejecutivos de nivel medio-alto como miembros del Consejo de Administración de sus empresas. Su condición de empleados les convierte automáticamente en consejeros cautivos que si se atreven a votar en contra de las instrucciones del Presidente pueden encontrarse en un pispas en la puta calle. Los consejeros debieran ser nombrados exclusivamente por las Juntas Generales y de entre los accionistas; y, en caso de que haya un accionista mayoritario, por lo menos la mitad de los consejeros debieran ser independientes. 

Llama la atención que, después de tanto cotorreo, Zapatero ha echado repentinamente el freno a su gente. ¿ No será que alguien le ha susurrado que, cuando avance la investigación sobre las comisiones, pudieran repentinamente aparecer los mismos personajes de su partido ya implicados en otros casos?

No hay duda de que hay corrupción y corruptos en todos los partidos políticos, pero mientras que en la mayoría de ellos los casos de corrupción son puntuales, individuales y locales, en el PSOE (y también en parte en el CiU) la corrupción ha sido, por lo menos en el pasado reciente, organizada desde la misma cúpula nacional y regional (fíjense en lo que está saliendo a la luz en Andalucía, y esto es solamente la punta del "iceberg"). 

Una última observación sobre el caso Piqué: si hasta los jueces de instrucción no han encontrado indicios contra él, ¿ por qué no se le cita como testigo, dándole la posibilidad de dar su versión de los hechos? Esto no impediría citarle posteriormente como imputado si de verdad salieran a la luz indicios fundados. Pero no, lo único que parece interesar es tratar de forzar su dimisión justamente cuando el día 1 de Julio España entra en la "troika" comunitaria, como antesala a la Presidencia de la UE de la primera mitad del año próximo. ¡Hay coincidencias que matan!

Posdata: En estos primeros días del mes de Julio han ocurrido varios hechos que merecen un comentario. De una parte Rodríguez Zapatero exige responsabilidades políticas al Gobierno Aznar sobre unos hechos que ocurrieron durante un Gobierno González (y además fueron aprobados por el mismo). La confusión conceptual no puede ser más evidente. Al mismo tiempo exige que "actúen los tribunales" cuando quiere decir "que actúen nuestros fiscales afines"; los tribunales están actuando hace ya tiempo y no han encontrado nada en contra de Piqué. Por otra parte la ubicua María Teresa Fernández de la Vega (secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso y ex Secretaria de Estado de Justicia) está preparando una proposición de ley con el propósito de cambiar el articulado del Estatuto Fiscal para impedir la intervención del fiscal general de Estado en casos de personas aforadas. Una idea verdaderamente sorprendente. En un cuerpo por definición jerarquizado, se pretende quitar poder a su máximo  responsable y entregar este poder, por lo menos en la practica, a cualquier fiscal que, por las razones que fuesen, quisiese perseguir a un aforado sin que nadie tuviese la autoridad para impedírselo. ¡ Viva la "cacereía"! Como es lógico los más firmes partidarios de este auténtico ataque al Estado de Derecho y el Estatuto Fiscal son, además del PSOE - que si volviera al Poder no tardaría ni una semana en cambiarlo a su situación actual- la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y su análogo entre los Jueces. ¿Se han preguntado alguna vez por qué razón los afiliados de estas organizaciones que no representan ni siquiera el 7% de sus gremios ocupan tantos y tantos puestos estratégicos dentro de la Magistratura y de la Fiscalía?

Como podemos observar la cacería de Piqué se ha convertida en una cacería simultánea del Fiscal General de Estado, el primero elegido dentro de la profesión y el primero que no es militante de ningún partido político. Pero claro, el señor Cardenal tiene dos graves defectos: del punto de vista del PSOE que no sea militante socialista y, además, del punto de vista de muchos fiscales (la envidia sigue siendo una de las grandes pecados españoles) que no hayan sido ellos los significados con tan alto "honor". Son significativas las criticas lanzadas a Cardenal (con copias para la prensa!) por parte de Carlos Jiménez Villarejo (Jefe de la Fiscalía Anticorrupción) y Juan José Martínez Zato (Inspector Fiscal), ambos nombrados por el PSOE y felipistas de postín. 

4/7/2001