Cuando hace ya muchos años Alfonso Guerra proclamó la muerte de "Montesquieu" - una observación tan antidemocrática que debiera haberle descalificado  como político para siempre - no llamó desgraciadamente mucho la atención, probablemente porque no solamente el gran público, sino también la mayoría de los Diputados, exclamaron: Monte ¿quién?, y se quedaron tan panchos. Los que sí entendieron de qué hablaba Guerra tuvieran la esperanza de que con el tiempo otros, en un futuro más o menos lejano, rectificarían tanto despotismo. Vana esperanza, si hasta ahora Montesquieu, por lo menos en España, estaba muy enfermo pero todavía no moribundo, el Tribunal Constitucional con su temeraria decisión de legalizar a Bildu, el sucedáneo de Batasuna, le ha linchado, descuartizado y enterrado. El Tribunal Supremo ilegalizó  - por los pelos - Bildu a petición de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado, y en aplicación de la Ley de Partidos, previo examen de multitud de pruebas aportadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si no fuese por la politización de toda la Judicatura que parece nublar la objetividad jurídica de muchos magistrados y jueces, la decisión del Tribunal hubiera sido por unanimidad lo que probablemente hubiera evitado el recurso al Tribunal Constitucional espoleado por las opiniones del voto minoritario dentro del Tribunal Supremo. De todas formas el Constitucional debiera de haber rechazado el recurso por no ser un tribunal de apelación, por no ser el tribunal de última instancia. No es sorprendente que no lo hiciera ya que hace años el Constitucional está muy equivocado sobre su verdadera función: juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento de la Nación. Como en su momento la Ley de Partidos ( La Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna) no fue declarada inconstitucional, el Constitucional no pintaba nada en el asunto de la aplicación de la ley para el cual el Tribunal Supremo se bastaba solito como máximo y sumo órgano judicial. Está claro que el Constitucional se pasó tres pueblos en sus atribuciones constitucionales  y por lo tanto su actuación en este asunto fue anticonstitucional. Qué contrasentido y qué sarcasmo. Lo malo es que no está previsto ninguna fórmula para rectificar y hasta disciplinar al Tribunal Constitucional que está por encima del bien y del mal y que pueda impunemente tirar cohetes desde su torre de marfil. Las victimas han presentado en el Tribunal Supremo una querella contra los cinco miembros del Constitucional que votaron a favor de la legalización de Bildu por prevaricación  (prevaricar: faltar a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña, quebrantando su juramento ). Vamos a ver lo que pasa considerando que la mayoría del Tribunal Supremo le tiene ganas al Constitucional por sus repetidas interferencias injustificadas.