El gran debate esta servido. ¿Debía la adjudicación de la telefonía móvil de la tercera generación (UMTS)- hecho por el Gobierno por concurso- haber sido hecho por subasta como en el Reino Unido y Alemania? Se calcula que la subasta hubiera dado unos ingresos al Estado del orden de 4 billones de Pesetas, contra los 87.000 millones recaudados en el concurso (21.750 millones por cada una de las 4 licencias adjudicadas). Columnistas, partidos políticos, sindicatos, todos critican al Gobierno - con un increíble afán recaudatorio - de ser culpable de una grave irresponsabilidad o hasta de haber favorecido a los amiguetes (sic)(el PSOE sigue pensando que todos son de su condición). El PSOE sugiere la aplicación del artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo por haber resultado el concurso lesivo para el interés público dado la baja recaudación. Una auténtica barbaridad conceptual y legal. El PSOE pretende que el Gobierno anula un concurso ya resuelto y que fue hecho a base de un pliego de condiciones de 40 cláusulas en donde la cláusula 25 regulaba la aportación financiera al Tesoro Público a satisfacer por cada adjudicatario. Como este pliego fue redactado por el Ministerio de Fomento el cual tuvo la responsabilidad de la adjudicación, no vemos como se pudiese aplicar el artículo en cuestión sin exponer al Estado a un macro pleito con peticiones de indemnizaciones multibillonarias. ¡Zapatero a tus zapatos!

La obligación de un Gobierno en materia de telecomunicaciones es asegurar que el usuario puede disponer de los servicios adecuados y más modernos de la forma más barata posible. Es sorprendente que las mismas personas y los mismos partidos que hace poco criticaban al Gobierno por su tardanza en regular una tarifa plana máxima para el acceso a Internet, son los que ahora se levantan en armas por, lo que en esencia es, justamente lo contrario. ¡Criticar por criticar, algo quedará!

Hay una diferencia abismal entre los dos sistemas de adjudicación. El concurso, con vistas al interés público, asegura en su pliego de condiciones el control del Gobierno sobre el cumplimiento por parte de los adjudicatarios de los compromisos pactados tales como inversiones, calidad del servicio, cobertura, empleo etc., además, el precio de la adjudicación es, comparativamente, bajo, para defender el derecho del usuario a una tarifa la más baja posible. La subasta, al contrario, pretende sacar la máxima recaudación - cantidades verdaderamente escandalosas -obviando completamente los intereses de los usuarios (o sea, la Sociedad misma) y cualquier control sobre los adjudicatarios. La recaudación de la subasta podemos llamarla ó un impuesto prepagado con cargo a los futuros beneficios del adjudicatario ó un impuesto "disfrazado" al usuario. Lo último me parece más conforme a la realidad. El precio de las subastas es, hasta 3 veces superior a las inversiones necesarias para crear las infraestructuras. Esto implica que las tarifas van a resultar hasta 4 veces superiores de los resultantes del sistema de adjudicación por concurso. Porque, como es lógico, alguien va a tener que pagar para que estas enormes sumas se puedan amortizar, y, como las empresas no son entidades filantrópicas, este alguien va a ser el usuario. La cosa es todavía peor si tomamos en cuenta que las empresas adjudicatarias han tenido que buscar financiación bancaria para poder pagar las licencias justamente en un momento de alza de intereses. Además, hay que tomar en cuenta que las licencias tienen una limitación en el tiempo, y que todas las inversiones tienen que amortizarse en un plazo máximo de 10 años. 

La pregunta del millón o, mejor, de los billones, es si el usuario esta dispuesto a pagar estas tarifas "abusivas" -no por culpa de las empresas sino de los Gobiernos en cuestión- por un servicio quizás demasiado sofisticado para el gran público. La telefonía móvil ha respondido a un deseo -casi subconsciente - de una forma de comunicación fácil e instantánea y, una vez adecuadas sus tarifas, ha tenido gran éxito, pero es muy dudosa si la telefonía de tercera generación corresponda - menos para una exigua minoría - a una necesidad del gran público. Esta necesidad solamente puede ser estimulada a través de tarifas bajas. Las empresas que han obtenido en el Reino Unido y Alemania sus licencias a través del sistema de subastas se van a encontrar -ya se darán cuenta- en una auténtica encrucijada; ó tarifas altas en consonancia con sus inversiones (principalmente el precio de la subasta y su servicio de deuda) con pocos clientes, ó tarifas bajas y muchos más clientes. Las dos opciones son igualmente malas ya que no crearán los ingresos necesarios no ya para asegurar una rentabilidad mínima, sino para poder amortizar sus tremendas inversiones. Las empresas en cuestión se están jugando auténticamente el cuello y, en el peor de los casos, su supervivencia. Cuando el mercado, con su habitual retraso, se dé cuenta del dilema con que se enfrentan los adjudicatarios de las subastas, no seria de sorprender si su cotización bursátil cayese en picado. Tampoco seria sorprendente si dentro de 5 ó 6 años los Gobiernos Británico y Alemán se viesen forzados a devolver gran parte de la recaudación obtenida en la subasta a las empresas adjudicatarias para evitar su posible quiebra.

No solamente parece abismal la postura de estos Gobiernos, ya que su actitud en vez de acortar el atraso en telecomunicaciones que les separa de Estados Unidos, lo va a aumentar vertiginosamente, sino la misma postura de las empresas que han acudido a las subastas. Las empresas multinacionales están siempre bajo sospecha de colusión (fijación de tarifas comunes etc.)pero cuando tuvieron todo el derecho legal para - en defensa de sus usuarios y ¡accionistas! - acordar a negarse a acudir a estas subastas infames, se convirtieron en inocentes corderos dispuestos para el sacrificio.

En vez de criticar al Gobierno habría que felicitarle por haber actuado según no solamente los intereses de los usuarios, sino el interés del país entero ya que el futuro económico se juega en el campo de las telecomunicaciones. No obstante tiene que controlar muy mucho que los operadores en España que a su vez han obtenido licencias a través de subastas en otros países no tratan de compensar sus perdidas en estos inflando las tarifas locales.

ã 9/2000

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